SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Comisión de Justicia del Partido
Revolucionario Dominicano (PRD) afirmó este miércoles que el gobierno
que surgirá luego del proclamado triunfo del candidato presidencial
oficialista, Danilo Medina, es ilegítimo y que el mismo es producto de
“un gran fraude contra la voluntad popular”.
Agregaron que desde el punto de vista jurídico las pasadas elecciones
son anulables según los preceptos de la Constitución, los tratados
internacionales sobre derechos civiles y políticos vigentes y la ley
electoral de la República Dominicana.
Alberto Tavárez, presidente de la entidad, aseguró que el gobierno del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) le impidió al pueblo ejercer
libremente su derecho al voto mediante la alegada manipulación de los
medios de comunicación, el control absoluto de la Junta Central
Electoral (JCE), la compra masiva de cédulas, la persecución,
intimidación y apresamiento de dirigentes políticos de oposición
mediante el empleo de los mandos militares y policiales, así como la
“avasallante” utilización de los recursos del Estado a favor del PLD.
Este planteamiento coincide por lo señalado este martes por el ex presidente Hipólito Mejía.
Los juristas del partido blanco dijeron que en el pasado proceso
electoral la democracia dominicana retrocedió a la época de los años
70s, en las que el uso abusivo de los recursos del Estado y la
utilización de las fuerzas militares y policiales eran los instrumentos
principales utilizados por el gobierno para perpetuarse en el poder.
Tavárez abogó por el establecimiento de un gran pacto democrático entre
el gobierno, los partidos políticos y las organizaciones religiosas y de
la sociedad civil, mediante el cual se creen mecanismos eficaces para
la despolitización de la JCE, el Tribunal Superior Electoral y el Poder
Judicial.
También favoreció la promoción de una reforma profunda de la legislación
electoral que erradique las prácticas del clientelismo, el
transfuguismo y la utilización de los recursos del Estado en las
campañas electorales. Asimismo, que se designe por consenso el Defensor
del Pueblo y se designe un Fiscal Nacional Anticorrupción.
Por otra parte, el organismo técnico perredeísta hizo un llamado al
gobierno para que detenga la supuesta represión contra miembros de esa
organización política en diferentes puntos del país, especialmente en la
provincia Sánchez Ramírez donde dice están siendo perseguidos los
dirigentes Ovi Saldívar, Sergio Núñez, Sadoki Duarte y Bienvenido
Lazala, entre otros.
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