Para la organización de la sociedad civil, la anunciada quiebra obedece en parte al uso clientelista dado al seguro del Estado dominicano, durante la recién pasada campaña electoral, en la que denunciamos en reiteradas ocasiones que se estaban otorgando carnet del SENASA, para atraer adeptos, sin tener los recursos necesarios para soportar los gastos de los nuevos afiliados al régimen subsidiado, hecho que constituye un manejo irregular de los recursos del pueblo y por vía de consecuencia tipifica la malversación de caudales públicos, puesto en manos de un ente estatal, bajo la supervisión y regulación de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.
Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, Coordinador General de la organización de la sociedad civil, dijo que la situación amerita el establecimiento de responsabilidades del orden civil y penal, por comisión y omisión, de los encargados de la dirección y supervisión del sistema, ya que según explica la SISALRIL, las deudas de SeNaSa superan en un 300% los ingresos mensuales que percibe esa ARS, además de que el 70% de las cuentas por pagar a las prestadoras de servicio de salud (PSS) no tiene respaldo, evidenciándose la mala administración y malversación de fondos.
“Es una bomba de tiempo la que se le pone en las manos a Danilo Medina, ya que de acuerdo a los auditores establecieron que hasta junio de este año las pérdidas acumuladas eran de 1,039 millones de pesos, mientras las cuentas por pagar son de 2,509 millones y el déficit de inversión de reservas ronda los 1,770 millones de pesos, así como la existencia de un déficit de 994 millones de pesos respecto al capital mínimo que debe tener la empresa”.
“lo mismo ocurre en la Administradora de Riesgo de Salud, del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, IDSS, ARS Salud Segura, cuyo informe precisa que las pérdidas acumuladas al 30 de junio fueron de 681 millones de pesos, mientras el déficit de capital llegó a 556 millones y el de inversión fue de 490 millones de pesos”.
El vocero de la entidad anticorrupción dijo que una vez más se demuestra la inconsistencia del estado en administrar servicios públicos que tienen competencia privada, como la salud, mas grave aun si se utilizan con fines politiqueros, como se aprecia de lo externado por el superintendente de Salud al indicar en el informe sobre las pérdidas registradas, que no podría afirmar que existe insuficiencia de cápita en el régimen subsidiado, por desconocerse “hasta la fecha de hoy” la totalidad de los servicios entregados, sus frecuencias y costos medios, ya que no hay constancia de tal insuficiencia; algo muy grave.
La situación de SeNaSa y ARS Salud Segura, está contenida en el informe No. 019622 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, dirigido al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), en el cual se asegura que SENASA está en quiebra, lo que amerita la judicialización de este caso, para establecer responsabilidades civiles y penales de los encargados de la administración y vigilancia del sistema.