lunes, 12 de noviembre de 2012
Santo Domingo, República Dominicana.- La Alianza Dominicana contra la corrupción (ADOCCO), le solicitó al Ministerio de Obras Públicas (MOPC) rescindir el contrato de emisión de las licencias de conducir otorgado supuestamente grado a grado a favor de Dekolor, cuyo presidente, Rogelio Oruña Aguilar, ha sido piedra de múltiples escándalos por asignaciones irregulares de contratos en México y Panamá.
ADOCCO se hizo eco de una publicación aparecida el 23 de agosto del 2012 en el periódico panameño La Prensa, en la que supuestamente de revela que Oruña en el marco de un proceso criminal seguido contra un socio suyo, ha sido sindicado por la Fiscalía de Napolés, Italia, como “facilitador para trasladarle dinero al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y a otros políticos locales”.
ADOCCO sostuvo también que Dekolor se presentó ante el Estado Dominicano como filial de la empresa mexicana Cosmocolor, que en la edición de Diario Libre del 28 de marzo del 2008 desmintió que ni entonces ni nunca Dekolor fuese tal cosa.
“De modo que al prestarse a declararle al Estado que era una sucursal de esa compañía mexicana con el fin de acreditarse ante el Estado Dominicano el contrato de las licencias, Oruña cometió falsedad y fraude, pero de alguna manera ha sorteado ser imputado de esos delitos”, sostuvo Julio César De la Rosa Tiburcio, Coordinador General de ADOCCO.
Sostuvo que el contrato de Dekolor se estipuló por cuatro años, plazo que se habría vencido el 18 de febrero del 2009, pero que el Ingeniero Víctor Díaz Rúa, ex Ministro de Obras Públicas, presuntamente lo prorrogó administrativamente para favorecer a un relacionado con Oruña.
“Además de aumentar el precio de la licencia de 14.50 dólares a 25, esa prórroga violó los principios de eficiencia, transparencia, publicidad, economía, moralidad y razonabilidad enunciados en el artículo 3 de la Ley 340-06, y también el párrafo II de su artículo 49, que exigía que dicha concesión fuese licitada”, indicó.
De la Rosa expuso que la licitación de las concesiones públicas solo pueden ser “por un período de hasta el 50% del plazo original en caso de que se demuestre que son beneficiosas para el Estado y los usuarios, y en el caso de Dekolor, además de tratarse de un contrato lesivo al interés nacional, se le extendió irregularmente la vigencia del contrato por otros 4 años, y resulta extraño que todavía el Ministro de Obras Públicas no haya hecho nada”.
ADOCCO denunció que Díaz Rúa violó deliberadamente la Ley 340-06 porque en lugar de perseguir la máxima eficiencia en el manejo de los fondos públicos, asegurando competitividad y transparencia, “optó por favorecer en la sombra a Oruña sin importarle las irregularidades en que incurrió para adjudicarse el contrato, lo que de por sí lo despojaba de fiabilidad y calificación profesional para seguir vinculado al Estado Dominicano como exige el artículo 8 de la ley”.
El vocero de la entidad de la sociedad civil puntualizó que si Díaz Rúa no se hubiese prestado a renovar la concesión, los usuarios no tuviesen en la actualidad que pagar un centavo por obtener las licencias, porque los equipos y el software pasaron a ser propiedad del Estado Dominicano.
ADOCCO se hizo eco de una publicación aparecida el 23 de agosto del 2012 en el periódico panameño La Prensa, en la que supuestamente de revela que Oruña en el marco de un proceso criminal seguido contra un socio suyo, ha sido sindicado por la Fiscalía de Napolés, Italia, como “facilitador para trasladarle dinero al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y a otros políticos locales”.
ADOCCO sostuvo también que Dekolor se presentó ante el Estado Dominicano como filial de la empresa mexicana Cosmocolor, que en la edición de Diario Libre del 28 de marzo del 2008 desmintió que ni entonces ni nunca Dekolor fuese tal cosa.
“De modo que al prestarse a declararle al Estado que era una sucursal de esa compañía mexicana con el fin de acreditarse ante el Estado Dominicano el contrato de las licencias, Oruña cometió falsedad y fraude, pero de alguna manera ha sorteado ser imputado de esos delitos”, sostuvo Julio César De la Rosa Tiburcio, Coordinador General de ADOCCO.
Sostuvo que el contrato de Dekolor se estipuló por cuatro años, plazo que se habría vencido el 18 de febrero del 2009, pero que el Ingeniero Víctor Díaz Rúa, ex Ministro de Obras Públicas, presuntamente lo prorrogó administrativamente para favorecer a un relacionado con Oruña.
“Además de aumentar el precio de la licencia de 14.50 dólares a 25, esa prórroga violó los principios de eficiencia, transparencia, publicidad, economía, moralidad y razonabilidad enunciados en el artículo 3 de la Ley 340-06, y también el párrafo II de su artículo 49, que exigía que dicha concesión fuese licitada”, indicó.
De la Rosa expuso que la licitación de las concesiones públicas solo pueden ser “por un período de hasta el 50% del plazo original en caso de que se demuestre que son beneficiosas para el Estado y los usuarios, y en el caso de Dekolor, además de tratarse de un contrato lesivo al interés nacional, se le extendió irregularmente la vigencia del contrato por otros 4 años, y resulta extraño que todavía el Ministro de Obras Públicas no haya hecho nada”.
ADOCCO denunció que Díaz Rúa violó deliberadamente la Ley 340-06 porque en lugar de perseguir la máxima eficiencia en el manejo de los fondos públicos, asegurando competitividad y transparencia, “optó por favorecer en la sombra a Oruña sin importarle las irregularidades en que incurrió para adjudicarse el contrato, lo que de por sí lo despojaba de fiabilidad y calificación profesional para seguir vinculado al Estado Dominicano como exige el artículo 8 de la ley”.
El vocero de la entidad de la sociedad civil puntualizó que si Díaz Rúa no se hubiese prestado a renovar la concesión, los usuarios no tuviesen en la actualidad que pagar un centavo por obtener las licencias, porque los equipos y el software pasaron a ser propiedad del Estado Dominicano.